MOCIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA COMUNIDAD DE MADRID


AL PLENO

El Grupo Municipal de SOMOS POZUELO  presenta para su debate y aprobación si procede en el próximo Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, a celebrar el 16 de noviembre de 2017 la siguiente

MOCIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE LA LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA COMUNIDAD DE MADRID

En el año 2004 se aprobó en España la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Una ley que, no sin controversia en su aprobación y aplicación, supuso un avance cualitativo en la manera de afrontar la violencia machista por parte de las instituciones. Un año después, la Comunidad de Madrid aprobó, mediante la ley 5/2005, de 20 de diciembre, la Ley Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, la declinación autonómica de la ley estatal. Más de una década después, expertas y profesionales sostienen la necesidad de reformar la Ley que, durante este tiempo, ha mostrado algunas deficiencias que deben ser resueltas.

A través del desarrollo legislativo de 2005, en materia de Violencia de Género, las competencias recaen sobre la Comunidad de Madrid. Sin embargo, existen recursos en distintos municipios, entre los que se encuentra Pozuelo, que atienden directamente a víctimas de violencia machista y que cuentan también con presupuesto local. Este es el caso del Punto Municipal del Observatorio Regional para la Violencia de Género que existe en nuestro municipio y que actualmente está externalizado.

Si ponemos el foco en la situación de la violencia machista en la Comunidad de Madrid, los datos son preocupantes: las denuncias por violencia de Género han aumentado un 19% respecto al 2016, el número de menores atendidas por violencia de género en el primer semestre de 2017 se incrementó un 50% respecto a 2016, y en lo que va de año han sido asesinadas 8 mujeres en nuestra Comunidad, suponiendo un incremento del 400% respecto al año anterior. Por ello, poner el foco en la situación de la violencia machista es determinante para hacer frente a las nuevas casuísticas, enmendar las deficiencias con las que nos encontramos, analizar los canales de atención a las víctimas y revisar los presupuestos asignados para afrontar esta forma de violencia en la sociedad madrileña.

En esta última cuestión, además de las numerosas voces que han criticado la insuficiencia y progresivo descenso de las partidas presupuestarias destinadas a hacer frente a la violencia machista en la Comunidad de Madrid, cabe destacar el preocupante grado de ejecución de dichos presupuestos que implica la “pérdida” de decenas de millones de euros (25% del presupuesto de 2015, más del 20% del presupuesto en 2016) que deberían haberse empleado para fortalecer los mecanismos de sensibilización y prevención y que sin embargo no se invirtieron, lo que ha afectado gravemente al mantenimiento de los recursos de atención.

Además el modelo vigente en la Comunidad de Madrid se ha basado en la externalización de los servicios y ello, unido al estrechamiento presupuestario y a la no ejecución de las partidas destinadas a combatir la violencia machista, ha tenido algunos efectos graves que es preciso identificar y revertir. Las y los profesionales que atienden directamente en los servicios a las víctimas de violencia machista ponen de manifiesto que la limitación de los recursos y la concesión de las adjudicaciones por parte de la administración con el criterio del precio (en Pozuelo este criterio representa el 80% de la valoración), afecta, en última instancia, a la atención a las mujeres y menores víctimas de violencia machista. Si la administración adjudica las licitaciones siguiendo el criterio del precio más barato las entidades compiten por abaratar el servicio y eso acaba generando precariedad laboral en los servicios externalizados y una peor intervención concreta de cada caso. Pero el modelo de la externalización ha generado otros problemas altamente preocupantes. En concreto se están dando en nuestra Comunidad casos de profesionales que atienden a las mujeres en puntos municipales de atención y que no pueden acceder al sistema VioGen. Este sistema de seguimiento Integral para víctimas de Violencia de Género, que fue aprobado por unanimidad en este Pleno el año pasado, aglutina toda la información sobre ellas. Sin embargo, el acceso a los datos a este sistema sólo puede tenerlo el personal funcionario, lo que supone que las personas que trabajan directamente con las víctimas en los puntos de violencia regionales o en las casa de acogida no tienen acceso a sus datos ni, por tanto, a una herramienta que posibilita una mejor protección y evaluación de la situación de cada mujer. Esta consecuencia del modelo de servicios externalizados seguidos por parte de la Comunidad de Madrid tiene que ser abordada y corregida, porque si no estaremos dejando a algunas y algunos profesionales de nuestra región sin las herramientas necesarias para atender adecuadamente a las víctimas y evaluar la gravedad de los diferentes casos.

Otro problema que se encuentran las víctimas es el acceso al llamado “título habilitante”. Este título abre la puerta para determinadas ayudas y recursos a las víctimas de violencia machista, pero llegar al mismo sólo puede realizarse por la vía judicial, es decir, con denuncia previa. Esta situación dificulta mucho a las supervivientes salir de los entornos de violencia porque no tienen acceso a recursos y ayudas previas al comienzo de la vía judicial, una vía que en ocasiones no están en disposición de emprender antes de poder abandonar la vivienda del agresor (accediendo a la vivienda pública) o antes de resolver la grave situación de dependencia económica en la que se encuentran con respecto al agresor.

Los y las profesionales de esta región, las y los trabajadores de los puntos municipales de violencia, de los servicios sociales, de los centros de acogida temporal y otros profesionales atienden diariamente a mujeres que viven situaciones de violencia y son justamente el personal más capacitado para identificar la violencia machista. Sin embargo, según nuestra actual legislación, esos profesionales no pueden elaborar informes que acrediten la condición de víctimas de violencia machista de esas mujeres. Es necesario que nuestros profesionales de servicios sociales, servicios sanitarios de atención primaria, centros de salud mental así como aquellos profesionales de los puntos municipales del observatorio regional contra la violencia de género y de los recursos de atención y acogida de nuestra Comunidad puedan emitir informes que den acceso al título habilitante y acrediten la condición de víctimas de violencia a las mujeres que atienden. Su conocimiento y su experiencia deben servir para garantizar el acceso de las mujeres a los recursos y las ayudas que la Ley establece. Por supuesto, esto exige reforzar la formación de los y las profesionales que atienden a mujeres y pudieran acreditar que son víctimas de violencia machista.

Por todo ello, se eleva al Pleno la siguiente propuesta de

ACUERDOS

  1. Instar al Gobierno Municipal y al Gobierno de la Comunidad de Madrid a que garanticen el acceso al programa VioGen para el personal profesional de todos los servicios de atención a las mujeres víctimas de violencia machista. Garantizar una solución a este grave problema (mediante contratación de personal funcionario o mediante la habilitación del personal actual para acceder al sistema) en los Puntos Municipales del Observatorio Regional de la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, como el de Pozuelo de Alarcón, y en el resto de recursos de la región, incluyendo, por supuesto, al personal de los recursos de acogida.
  1. Instar a la Asamblea de Madrid a que modifique la Ley integral contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid 5/2005 del 20 de diciembre para garantizar que el personal profesional destinado en los servicios sociales de atención primaria, en servicios sanitarios y en recursos de acogida de índole autonómico o municipal, en los centros de salud mental y en los servicios municipales de atención integral a mujeres, puedan elaborar informes técnicos que sirvan para acreditar la condición de víctimas de las mujeres que sufren violencia machista y que sirvan para acceder al título habilitante.
  1. Instar a la Asamblea de Madrid que modifique la Ley integral contra la violencia de género de la Comunidad de Madrid 5/2005 del 20 de diciembre para garantizar la formación de los y las profesionales, mencionados en el punto 2 de la presente moción, que atienden a víctimas de violencia machista para acreditar su condición de víctima.
  1. Instar a la Mesa Municipal contra la Violencia de Género a valorar la prestación del servicio de Punto Municipal del Observatorio Regional para la Violencia de Género así como los criterios de adjudicación del contrato.

Pozuelo de Alarcón, 6 de noviembre de 2017

 

 

Pablo Gómez Perpiñá

Portavoz del GM Somos Pozuelo

Leave a Reply

Be the First to Comment!